La meta del Gobierno mexicano de generar 45% de la energía eléctrica en México a partir de fuentes limpias en 2030 es loable, aunque ingenua. No porque sea técnicamente inalcanzable –más de 35 países lo lograron en 2024, entre ellos Brasil, Alemania y el Reino Unido–, sino porque ignora la realidad operativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desconoce el marco regulatorio vigente y pasa por alto la incertidumbre que persiste en el sector eléctrico.
Aunque el llamado “Plan México” contempla una inversión de 570.9 mil millones de pesos (mmdp) para construir nuevas centrales eléctricas entre 2025 y 2030 –un promedio de 95.2 mmdp al año durante este periodo–, esta cifra resulta insuficiente para cumplir el objetivo de pasar de 24.3% de generación limpia en 2023 a 45.0% en 2030.
Según estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las cuales toman en cuenta el crecimiento de la demanda de electricidad hacia 2030 y el costo de las tecnologías eólica y solar fotovoltaica, se requerirá una inversión cercana a los 1.28 billones de pesos en generación eléctrica de aquí a 2030 para alcanzar esta meta. Es decir, más del doble del monto que hoy proyecta el Gobierno.
El Gobierno parte también del supuesto de que la CFE –a pesar de contar con una menor flexibilidad operativa y financiera que el sector privado– podrá ejecutar tres cuartas partes (75.0%) de las inversiones previstas y dispondrá de los recursos necesarios para hacerlo. Sin embargo, esto contrasta con el desempeño reciente de la empresa pública: en la última década (2014-2023), la CFE destinó, en promedio, apenas 16.2 mmdp anuales a inversión en generación eléctrica, y su capacidad instalada de energías limpias creció solo 2.9% en ese mismo lapso.
En cuanto a la regulación vigente, esta limita de facto la participación del sector privado en la generación de electricidad, al establecer que solo puede aportar hasta 46% de la energía generada en el país, reservando el 54% restante para la CFE (incluidos los Productores Independientes de Energía). Esto significa que la expansión del sector privado depende directamente del crecimiento que registre, o no, la generación pública: si la CFE no incrementa su capacidad, los privados quedan atados de manos.
Además, la meta gubernamental ignora la profunda incertidumbre jurídica que persiste en el sector eléctrico, resultado de años de disputas regulatorias, reformas inconclusas y un marco legal cambiante que, en ocasiones, ha sido abiertamente adverso a las fuentes limpias y a la inversión privada. La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y su sustitución por la Comisión Nacional de Energía (CNE), subordinada al Poder Ejecutivo, tampoco abona a generar las condiciones necesarias para una participación privada efectiva.
Al ignorar estas condiciones estructurales, el Gobierno mexicano insiste en una meta que, en el contexto actual, resulta poco realista. Si realmente busca que cerca de la mitad de la electricidad del país provenga de fuentes limpias hacia 2030, debe hacer ajustes de fondo en su política energética.
Esto implica revertir decisiones tomadas por esta misma administración, así como por la administración pasada, generar condiciones de certidumbre jurídica y, sobre todo, reconocer que sin la participación del sector privado, la transición energética no será posible.
Sin condiciones adecuadas para la inversión privada, México no solo incumplirá su meta de generación limpia, sino que también verá limitada su competitividad. Es decir, su capacidad para atraer y retener inversiones nacionales y extranjeras al ofrecer electricidad más barata y sostenible.
Publicado en Animal Político
22-05-2025
